Alimentar a la comunidad cuando se agota la ayuda del Gobierno

EL PRECIO DE COMER

Es la tarde anterior a la fecha límite para entregar este artículo. Escribo en el buscador de Google: “¿Cuánto cuesta comer en Argentina?”. Los primeros resultados son páginas sobre el precio de comer en restaurantes de Buenos Aires, la capital del país.

Lo que realmente busco es el precio de una canasta básica de alimentos —es decir, el dinero necesario cadames para cubrir las comidas de una familia de dos adultos y dos niños—. Los únicos datos precisos provienen del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la institución encargada del censo de Argentina. Esa tarde de junio, la agencia fijaba el precio de la canasta básica en Buenos Aires en 502.291 pesos argentinos (alrededor de 410 dólares estadounidenses). El salario mínimo mensual fijado por el Gobierno era en ese momento de 308.200 pesos argentinos. Dejo que ustedes hagan los cálculos.

Desde que el ultraconservador presidente Javier Milei asumió el cargo en 2023, sus políticas han intensificado la crisis económica de Argentina. Además de sufrir pérdidas de empleo y congelación salarial, muchas personas carecen de alimentos adecuados, lo que las lleva a lo que los académicos y los trabajadores humanitarios denominan inseguridad alimentaria. Las consecuencias de la inseguridad alimentaria —tema central de mi investigación como antropóloga biológica— incluyen la malnutrición, las enfermedades crónicas, dificultad en la escolarización y los efectos posteriores en el mercado laboral.

En tiempos de crisis, los argentinos que atraviesan dificultades económicas suelen recurrir a los comedores comunitarios. Estos centros, que en su mayoría funcionan en iglesias o en casas particulares de mujeres con pocos recursos, sirven comida a los más vulnerables. Los comedores también crean redes de apoyo: ayudan a las personas a encontrar soluciones a situaciones de violencia de género y problemas familiares.

Pero bajo el mandato de Milei, los comedores comunitarios también atraviesan dificultades. Acusando injustamente a los comedores de corrupción, su Gobierno puso fin al apoyo estatal a estas instituciones sociales vitales. Sin la ayuda federal, los comedores están reduciendo las raciones y la variedad de los alimentos que sirven —justo cuando cada vez más argentinos los necesitan—.

Los recortes internos de Argentina coinciden ahora con los recortes de la ayuda internacional por parte de países como Estados Unidos, Alemania y Canadá. A medida que los gobiernos eliminan los programas que alimentan a la población, los ciudadanos del mundo deben comprender los efectos derivados del hambre y la malnutrición, y cómo las redes de solidaridad tejidas por instituciones como los comedores actúan como un dique contra la creciente ola de inseguridad alimentaria.

DE LA LECHE A LAS COMIDAS

A finales del siglo XX, las condiciones habían empeorado en algunos lugares hasta tal punto que se hizo imprescindible establecer la alimentación como un derecho humano fundamental. En 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura denominó este derecho “seguridad alimentaria”, es decir, “el acceso a alimentos seguros y nutritivos” que satisfagan las necesidades de las personas. A su vez, la inseguridad alimentaria crónica se definió como la falta prolongada y persistente de alimentos adecuados.

Son muchos los factores que pueden provocar la inseguridad alimentaria: el alto costo de los alimentos, los bajos salarios, las condiciones agrícolas impredecibles, entre otros. A mí me interesa documentar cómo la inseguridad alimentaria afecta a las personas en América Latina, tanto como antropóloga biológica que estudia la nutrición, como persona que vive en Argentina, donde muchos carecen de alimentos suficientes.

Por eso, una mañana del verano pasado, me senté con Gladys Pérez, una argentina que ha trabajado en un comedor comunitario durante más de una década. Mientras su caniche descansaba cerca, tomamos mate en su casa de Puerto Madryn, una ciudad costera de la Patagonia argentina. En un momento, los vecinos la interrumpieron para pedirle ayuda con una disputa en el barrio. Al parecer, Pérez también ejerce de mediadora en la comunidad.

Los comedores son la última barrera contra el hambre para los más vulnerables de Argentina.

Ubicado en una iglesia evangélica, el comedor en el que trabaja comenzó ofreciendo a los niños del barrio un vaso de leche y organizando juegos al aire libre. Con el tiempo, ella y otros trabajadores se dieron cuenta de que la leche era el único alimento que los niños tomaban durante el día.

Así que el comedor comenzó a proporcionar comidas —primero a 40 niños, que más tarde trajeron a sus madres—. Algunos adultos mayores del barrio también se unieron.

“En este lugar, la gente te agarra de la mano para darte las gracias porque les has dado la comida del día. Son personas que esperan al fin de semana para poder comer”, dice Pérez, con lágrimas en los ojos.

Ese comedor es uno de los 30 comedores comunitarios de Puerto Madryn, donde viven alrededor de 120.000 personas. El número de comedores comunitarios en Puerto Madryn ha ido aumentando desde antes de la pandemia. En mayo de 2021, cuando la pandemia de COVID-19 alcanzó su punto álgido, el comedor de Pérez servía 240 comidas al día, el mismo número que sirve ahora. Hasta la fecha, el equipo ha servido más de 70.000 comidas.

EFECTOS EN CADENA DE LA INSUFICIENCIA ALIMENTARIA

Para subrayar la importancia de estas comidas, mi investigación ha recopilado los efectos adversos de una alimentación inadecuada. Al revisar estudios anteriores que exploraban la relación entre la inseguridad alimentaria y la salud en América Latina, mi colega y yo descubrimos que la inseguridad alimentaria puede afectar el organismo de múltiples maneras.

Para algunos, la situación está asociada con presión arterial elevada o niveles de hierro reducidos, lo que puede causar anemia. Las personas que sufren inseguridad alimentaria también pueden tener sobrepeso o bajo peso, dependiendo de factores como el género, la edad, si aún están en fase de crecimiento o un proceso global conocido como transición nutricional —es decir, los cambios en la dieta y los niveles de actividad que suelen producirse con la globalización, la urbanización y el desarrollo económico—.

En Argentina y en otros lugares, esta transición implica pasar de dietas tradicionales ricas en frutas, verduras y cereales integrales a dietas “occidentales” con alto contenido en proteínas animales, grasas saturadas y alimentos procesados. Las personas con un nivel socioeconómico más bajo tienden a consumir más alimentos procesados porque son más baratos.

Nuestro trabajo que resume estos resultados puede orientar futuras investigaciones o decisiones políticas. Pero no pone comida en la mesa de nadie. Los comedores comunitarios sí lo hacen —y cada vez es más difícil para los trabajadores de los comedores, como Pérez, cumplir con esta tarea—.

REAFIRMAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO UN DERECHO

“Para hacer un guiso, utilizamos 32 paquetes de pasta. Para tantas comidas, deberíamos utilizar 15 kilos de carne, pero utilizamos 7 kilos”, dice Pérez, expresando la dificultad de proporcionar proteínas caras en el comedor. Desde que Milei asumió la presidencia, los precios de los alimentos se han disparado debido a la devaluación del peso argentino.

“Hoy en día, tener luz y gas en casa es más importante que tener carne”, dice, destacando otra ironía: vive en uno de los principales países productores de carne del mundo. Este año, Argentina está batiendo récords en la exportación de carne de vacuno.

Pero estos alimentos no están llegando a quienes más los necesitan en Argentina.

Poco después de que Milei asumiera la presidencia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia no renovó la financiación de los comedores comunitarios. Ahora, para obtener ayuda del Gobierno, las personas que gestionan los comedores deben completar un proceso de solicitud burocrático y costoso, que requiere estatus legal y servicios de contabilidad. En consecuencia, la mayoría de los comedores dejaron de solicitar fondos nacionales.

En la actualidad, las donaciones para cocinar las comidas —que en su mayoría se han reducido a solo el desayuno y el almuerzo— provienen de vecinos, negocios y panaderías del barrio, y gobiernos locales. El gobierno nacional parece no comprender que los comedores son la última barrera contra el hambre para los más vulnerables de Argentina.

Una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental, que va más allá de las comidas. La seguridad alimentaria, que los gobiernos deben garantizar, allana el camino para que las personas tengan salud, dignidad y un futuro.